La firmeza del Estado de Derecho frente al extremismo se sostiene en un código garantista pero implacable frente al enaltecimiento, la apología y la materialización de actos violentos.
La transposición de las Directivas (UE) de lucha contra el terrorismo afianzó la represión penal contra aquellos individuos desplazados unilateralmente a zonas de conflicto para combatir, conocidos como FTF (Foreign Terrorist Fighters), tipificando el adiestramiento y financiación digital.
El marco español no opera de forma aislada, es una adaptación de alta exigencia del orden punitivo originado en Bruselas y acuerdos Schengen.
Relativa a la lucha contra el terrorismo. Reforzó en todos los Estados miembros la definición jurídica de adiestramiento (informa la doctrina en España sobre el uso de tutoriales online con fines de inmolación).
Relativo a la eliminación de contenidos terroristas en línea (TERREG). Obliga a prestamistas de servicios a retirar material extremista en tiempos perentorios, fundamental para cortar focos de auto-radicalización express online.